La política digital de la censura gubernamental
Desde el principio de su administración diversos funcionarios han mostrado su rechazo a la administración de Trump. Muchos lo han hecho a través de la red social Twitter, abriendo cuentas con el acrónimo ALT. Estas cuentas son parte de una estrategia de política digital para oponerse y criticar las decisiones de la Casa Blanca. El 14 de marzo, un agente de la oficina de Aduanas (CBP) de EU hizo una entrega en las oficinas de Twitter. Entregó una solicitud de información para que fuera otorgada la identidad de los funcionarios detrás de la cuenta @alt_uscis. En dicho documento, se criticaban las políticas migratorias de Trump.
La red social, argumentó que no podría darles esa información por dos razones. 1. La dependencia únicamente puede ver temas referentes a inmigración ilegal y 2. Dar esa información coartaría la libertad de expresión de los autores de la cuenta. La petición, venía acompañada de una “advertencia” de que, de no hacerlo podría derivar en acciones legales en su contra. La empresa, sencillamente se negó y contrademandó al Gobierno norteamericano. Este viernes, la empresa retiró la demanda en contra del Gobierno, luego de que la dependencia retirara su solicitud.
We’re glad Twitter is pushing back. We’ll be going to court to defend this user’s right to anonymous speech. https://t.co/tqj5XrNvgn
— ACLU National (@ACLU) April 6, 2017
¿Qué estaba en juego si la red social hubiera cedido?
Lo primero que estaría en riesgo, es la libertad de expresión de los individuos y la nueva política digital. La política digital implica una nueva forma de activismo político, de libertades individuales. Estos supuestos funcionarios estaban ejerciendo su derecho a asociarse y a expresarse libremente. Si la red social hubiese cedido, significaría una cacería de brujas en toda la administración, llegando una nueva era macarthista.
Además, otro hecho es que la red social abriera la puerta a la identidad de estos usuarios. Sentaría un precedente muy nocivo para la empresa, ya que tendría que proceder de igual forma para el resto de las cuentas ALT. Algunas ni siquiera relacionadas con un tema de política digital u gubernamental, sino con la iniciativa privada.
Esta es una gran batalla que acabó dando la red social. Deja un precedente muy positivo para la protección de las libertades individuales básicas y la política digital. Al no ceder, la empresa está permitiendo que los ciudadanos puedan expresar libremente sus ideas. Una libertad que no implique una censura previa o una serie de sanciones por sus superiores. Esta decisión, ha empoderado aún más la libertad dentro del internet. En política digital, nuevamente ha prevalecido la autonomía y los derechos de los ciudadanos.
We want to thank @twitter and @aclu for standing up for the right of free anonymous speech. Thank you resistance for standing up for us. https://t.co/6PdwZIJ2xP
— ALT? Immigration (@ALT_uscis) April 7, 2017
